Por Juan Pablo Ojeda
a dirección ejecutiva de la UEFA lanzó duras críticas contra la administración del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la cancelación forzada del plan institucional que buscaba comercializar participaciones privadas de la Copa del Mundo. La postura del organismo europeo califica el intento de privatización parcial como una falla estructural en los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión financiera de la matriz del fútbol global.
El borrador del proyecto, gestionado de forma centralizada por la oficina de la presidencia de la FIFA sin la aprobación previa de las comisiones de finanzas regionales, pretendía otorgar derechos de explotación mercantil a un grupo de fondos soberanos e inversionistas institucionales. La UEFA denunció la falta de transparencia en la negociación de las cláusulas contractuales, las cuales no fueron sometidas a escrutinio público ni a auditorías independientes.
Dirigentes del fútbol europeo argumentan que la retractación de Infantino responde únicamente a la presión ejercida por la amenaza de acciones legales y bloqueos institucionales por parte de las federaciones europeas, y no a una revisión ética interna. El señalamiento coloca en tela de juicio el modelo de toma de decisiones unipersonal dentro de la sede de la FIFA en Zúrich.
Los estatutos de la FIFA establecen que cualquier enajenación o cesión de activos principales pertenecientes al patrimonio colectivo de las federaciones debe ser aprobada por una mayoría calificada en el Congreso General. El intento de encuadrar la transacción bajo la figura de alianza estratégica comercial buscaba eludir dicha votación, de acuerdo con los informes de la comisión legal de la UEFA.
Esta confrontación abre un nuevo frente de investigación interna sobre la gestión de recursos de marketing y el papel del equipo asesor externo contratado por la FIFA para la estructuración del vehículo de inversión. Se calcula que el proceso de consultoría financiera previo a la cancelación devengó millones de dólares en honorarios no transparentados a la junta ejecutiva.
El bloque europeo exige ahora la instauración de un comité de supervisión independiente para evaluar las propuestas de comercialización de los torneos globales, impidiendo que la presidencia organice acuerdos financieros multilaterales fuera de los canales estatutarios. La medida busca limitar el margen de discrecionalidad ejecutiva sobre los activos del deporte.
El desacuerdo institucional pone en evidencia las grietas en el modelo de gobernanza deportiva internacional, donde los ingresos multimillonarios generados por la Copa del Mundo continúan bajo el control de una estructura administrativa que enfrenta crecientes exigencias de transparencia, auditoría pública y contrapesos normativos.