Por Juan Pablo Ojeda
El debate sobre la reforma electoral volvió a colocarse en el centro de la agenda política con un planteamiento que toca una de las fibras más sensibles del país: cómo evitar que el crimen organizado influya en las elecciones y termine decidiendo quién gobierna. Desde la Cámara de Diputados, el mensaje es que las reglas actuales ya no son suficientes para enfrentar un fenómeno que ha crecido y se ha sofisticado con los años.
En una reunión con integrantes del movimiento Somos MX, la presidencia de la Cámara abrió formalmente la posibilidad de recibir propuestas ciudadanas para enriquecer la discusión. El momento no es casual. México se acerca a procesos electorales decisivos y la presión, tanto interna como externa, obliga a revisar a fondo el sistema electoral.
Uno de los temas que más llamó la atención fue la propuesta de anular elecciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado. La idea es sencilla: si hay dinero ilícito en campañas, no puede haber legitimidad en los resultados. Para muchos, esta medida sería un golpe directo a la raíz del problema, aunque también abre el debate sobre cómo probar de manera clara y legal esa intervención.
Otro punto que generó discusión fue la segunda vuelta electoral. Este mecanismo busca que quien gane una elección lo haga con el respaldo de la mayoría de los votantes y no con porcentajes mínimos que dejan gobiernos débiles desde el primer día. Aunque no todos están convencidos, el tema ya quedó sobre la mesa como parte del análisis de fondo de la reforma.
El trasfondo de todo este debate tiene un componente internacional. Las recientes declaraciones desde Estados Unidos sobre la posibilidad de intervenir para combatir a los cárteles encendieron alertas en el Congreso. La respuesta ha sido insistir en que la soberanía de México se defiende fortaleciendo sus propias instituciones, no cediendo decisiones clave a presiones externas.
En ese sentido, la reforma electoral también se ve como una herramienta para enviar un mensaje al exterior: México es un país democrático, con reglas claras y con capacidad para enfrentar al crimen organizado desde la ley. Esto es especialmente relevante para la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, donde la estabilidad política y jurídica es clave para mantener inversiones, empleos y el flujo de remesas.
La apertura a propuestas ciudadanas busca romper con la idea de que las reformas se deciden solo entre partidos. El objetivo es que académicos, organizaciones civiles y expertos aporten ideas que ayuden a construir un sistema electoral más fuerte, con contrapesos reales y mayor confianza ciudadana.
El tema de la libertad de expresión también se coló en la conversación. El asesinato de periodistas sigue siendo una herida abierta que recuerda que la democracia no solo depende de elecciones limpias, sino de un entorno donde informar y opinar no sea una actividad de alto riesgo.
Al final, la discusión sobre la reforma electoral va más allá de cambiar reglas técnicas. Se trata de definir si México está dispuesto a cerrar definitivamente la puerta al dinero ilícito, a fortalecer la legitimidad de sus gobiernos y a demostrar, dentro y fuera del país, que la democracia se defiende con instituciones firmes y decisiones claras.
