Megaoperativo en Nayarit, detona avalancha de litigios

Fue en septiembre de 2021 cuando el gobierno de Nayarit, a través de la Fiscalía General estatal, lanzó el Megaoperativo Nuevo Nayarit para recuperar bienes presuntamente desviados del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) durante los sexenios de los exgobernadores Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).

Lo anterior ocasionó un daño millonario al erario. Los informes indican que, en el periodo de González, se efectuaron 11 operaciones con 48 inmuebles, generando un perjuicio de 7 mil 457 millones de pesos. Bajo Sandoval, se realizaron seis operaciones más sobre 36 propiedades, con pérdidas estimadas en mil 450 millones.

El operativo permitió asegurar fraccionamientos, torres de condominios, plazas comerciales y terrenos en Bahía de Banderas y Compostela. Aunque el daño patrimonial se calcula en 9 mil millones de pesos, el valor actual de los bienes superaría los 30 mil millones.

El gobierno anunció que los inmuebles pasarán al Fideicomiso Nuevo Nayarit (FINN), con el compromiso de destinar recursos a pensiones y jubilaciones. Sin embargo, más de 80 familias mantienen litigios para conservar propiedades adquiridas de buena fe, argumentando prescripción de los delitos tras más de 14 a 20 años.

Las investigaciones también involucran a empresarios y apoderados legales. Iván “N”, vinculado a Inmobiliaria Bains S.A. de C.V. y al empresario Héctor Cárdenas Curiel, fue señalado por su participación en los fraudes. Contra Cárdenas, considerado socio estratégico de Ney González y actualmente prófugo, existen varias órdenes de aprehensión.

En junio de 2025, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra Iván “N” por no asistir a una audiencia en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic. También aparecen los hermanos Diego y Federico Valenzuela Cadena, ligados a firmas como Desarrollo Turístico El Playón, Dynamica y Valca, acusadas de despojo y administración fraudulenta.

El expediente se amplió con la denuncia contra José Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del gobierno estatal. Según Proceso, a través de su despacho Camarena & Compeán S.C., habría recibido más de 36 millones de pesos de una desarrolladora turística. Con procesos penales, civiles y mercantiles en curso, el gobierno de Nayarit espera recuperar más de 50 inmuebles.

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