El Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la dirección de Marco Rubio, inició una auditoría administrativa y operativa sobre los 53 consulados de México que funcionan en territorio estadounidense. La medida, confirmada por un funcionario federal a la cadena CBS News, contempla la posibilidad de ordenar el cierre de diversas sedes diplomáticas mexicanas en el corto plazo.
De acuerdo con el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, esta acción responde a una reestructuración de las relaciones exteriores para asegurar que las misiones diplomáticas en suelo norteamericano guarden simetría con la agenda del presidente Donald Trump. Actualmente, México posee la red consular más extensa del mundo dentro de una sola nación extranjera.
Los datos del Gobierno de México indican que estas oficinas atienden a una población de aproximadamente 12 millones de mexicanos nacidos en territorio nacional y residentes en Estados Unidos. El cierre de sedes impactaría directamente en la emisión de pasaportes, matrículas consulares y asistencia jurídica en estados con alta densidad migratoria como California, Texas e Illinois.
La revisión ocurre en un marco de tensión bilateral tras el deceso de dos agentes de la CIA en un incidente vial en Chihuahua. Este hecho ha incrementado el escrutinio sobre la cooperación en seguridad y la presencia de funcionarios extranjeros en ambas fronteras, un punto clave en la retórica de la actual administración en Washington.
Otro factor determinante en la revisión técnica es la acusación formal del Departamento de Justicia contra 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa. El expediente señala presuntos nexos entre la facción de Los Chapitos y el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalando que la organización criminal operó a favor de su campaña electoral.
Ante estos señalamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática exigiendo pruebas concretas sobre las imputaciones contra Rocha Moya. La mandataria enfatizó que la soberanía de las instituciones mexicanas no debe ser vulnerada por acusaciones sin sustento documental verificado.
La red consular mexicana ha operado históricamente con un presupuesto asignado por el Congreso de la Unión que supera los 2,500 millones de pesos anuales para servicios de protección. La posible reducción de esta red obligaría a una reconfiguración de la atención ciudadana hacia consulados móviles o servicios digitales centralizados, incrementando los tiempos de espera para la comunidad migrante.
